Comunicado

CaixaBank ha mantenido hoy con la Representación Legal de los Trabajadores (RLT) la segunda reunión del periodo informal de consultas para el proceso de reestructuración de la entidad.

La dirección ha comunicado que, tras un detallado análisis de las necesidades de la red comercial y de los servicios corporativos, ha llegado a la conclusión de que es necesario poner en marcha un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 8.291 contratos. Este proceso se debe a motivos productivos y organizativos, dadas las duplicidades y sinergias derivadas de la fusión y las circunstancias actuales del mercado.

La dirección ha explicado que los criterios que se aplicarán para determinar la afectación del proceso serán:

• Voluntariedad, como criterio preferente, aunque siempre teniendo como límite máximo el cupo de excedente identificado en cada territorio o área funcional y estableciendo medidas que eviten el desequilibrio generacional. Por este motivo, se plantea que el porcentaje de personas trabajadoras mayores de 50 años que se adscriban voluntariamente al plan de bajas no podrá superar el 50% del total de salidas.
• Meritocracia, como criterio que se aplicará en segundo término, tras la aplicación de la voluntariedad que garantice el equilibrio generacional.

Durante la reunión, se ha planteado también la propuesta de indemnización para las extinciones de contrato y se ha trasladado el compromiso de la entidad con un plan de recolocación y acompañamiento de todas las personas afectadas para facilitar su incorporación y adaptación a un nuevo puesto de trabajo, que será absolutamente diferencial y del que se dará más detalle en próximas reuniones.

Por otro lado, la dirección ha presentado una propuesta de cambios en las condiciones laborales para avanzar hacia un marco de condiciones sostenible y unificado, independientemente de la entidad de procedencia de cada empleado. Se trata de la unificación de medidas relacionadas fundamentalmente con aspectos complementarios de la remuneración y la previsión social, así como cuestiones vinculadas a la flexibilidad necesaria para avanzar en el modelo de negocio y mantener la sostenibilidad de la red rural.

Hasta la entrada en vigor de este nuevo marco, los empleados conservarán sus condiciones actuales. Una vez el nuevo marco esté vigente, se pretende, como norma general, que los empleados mantengan su remuneración actual, salvo que las nuevas condiciones acordadas supongan una mejora, en cuyo caso se aplicará con la progresividad que se acuerde. Estas nuevas condiciones serán también las que se aplicarán a los nuevos empleados que se puedan incorporar en el futuro.